El 73 % de las empresas argentinas padeció un delito digital

Ernst & Young presentó el primer estudio que se realiza en la Argentina sobre el delito digital en las compañías desde la sanción de la ley n° 26.388 que lo incluyera en el Código Penal. Se consultaron 115 empresas del país de diferentes industrias: inmobiliaria y construcción, mayoristas y distribución, agro, industria farmacéutica, medios y entretenimiento, transporte, servicios financieros y bancos, entre otras.

La mitad de las firmas presenta una facturación hasta mil millones de pesos y la mayoría de los encuestados son gerentes generales, financieros, de tecnología, seguridad y auditoría. Los empresarios señalaron que en 2008 fueron víctimas de un delito digital: el 29% son accesos ilegítimos (virus, malware, datos personales, denegación de servicio, otros datos), 24% sustracción de dispositivos móviles (Smartphones, PDA, Notebooks, dispositivos externos de almacenamiento), 19% defraudaciones (manipulación y/o acceso de datos, phishing, pharming), 10% delitos extorsivos o similares, 8% contra el correo electrónico, 6% contra la propiedad intelectual, 4% otros.

A mediados de 2008 se sancionó la ley que tipifica los delitos informáticos. Al respecto, el 63% de los ejecutivos destacó que tiene un conocimiento medio de la misma y sólo el 9% tiene un alto entendimiento. Si bien la mayoría de los consultados afirmaron que la legislación influye en el funcionamiento de sus empresas, no creen que se produzcan cambios relevantes. “Se insinúa como necesaria una mayor difusión y concientización en relación a algunas pautas de la ley, como por ejemplo, las que refieren a la Protección de Datos Personales, donde las organizaciones tienen que puntualizar en implementaciones eficientes en seguridad y confidencialidad”, afirmó Gabriel Zurdo, socio de Ernst & Young.

Por otro lado, la mitad de las firmas que participaron del estudio destacaron que pierden hasta un 20% de la facturación anual por los delitos digitales. “No es siempre sencilla la inmediata valoración de las pérdidas cuando el perjuicio no está solamente vinculado al monto de lo defraudado. Hay otros aspectos como la imagen y otros bienes intangibles que son de difícil cuantificación a priori”, agregó. El 54% investigó los delitos ocurridos en su empresa pero en la mayoría de los casos no se pudo identificar al autor de los hechos. Y sólo en el 25% de los procesos se identifica a los responsables.

Por otra parte, el 61% de los consultados afirmó que no se dispuso una búsqueda y resguardo formal de los indicios para asegurar su valor probatorio en un probable proceso judicial. A su vez, el 42% no realizó la denuncia policial y sólo lo hizo el 26%. Además, la mayoría de los encuestados desconocen si hubo tráfico de pornografía infantil mediante el uso indebido de los recursos tecnológicos.

Con respecto a quiénes cometen los delitos, se identificó que son las personas con mayor conocimiento sobre la organización: empleados actuales y antiguos. “Una alta proporción de los cuales se ignora la pertenencia de sus autores, guarda relación con la gran cantidad de casos que no se han resuelto en una investigación”, señaló Gabriel Agnoli, Gerente de Ernst & Young. La necesidad de implementar medidas de prevención, por ejemplo, para la seguridad física patrimonial (acceso a la compañía, sectores internos restringidos, información crítica), también surge como una gran preocupación por parte de las empresas.