Perú, ¿reúne las condiciones para ser parte de la OCDE?

Un informe ataca la candidatura de Perú a la membresía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al sostener que el comportamiento del país con respecto a su prolongado impago selectivo de bonos agrarios soberanos debe impedirle el ingreso en el exclusivo club de líderes económicos globales.

El informe de 37 páginas, elaborado por un ex economista importante de la OCDE, concluyó que "Perú no debe considerarse un candidato viable para la membresía plena en la OCDE".

El paper ofrece numerosas razones, entre ellas:

El impago selectivo por parte de Perú de bonos de la reforma agraria soberanos, desde hace varias décadas, y su "negativa a ofrecer justa compensación" por esos bonos, "pese al hecho de que semejante pago parece estar muy distante de ser imposible para Perú".

El incumplimiento de Perú con informar adecuadamente el impago a organizaciones y entidades regulatorias internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) y la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Las "deficiencias en integridad pública, en particular el compromiso con el Estado de derecho, los derechos humanos y la transparencia", por parte de Perú. El informe criticó la reciente y continua dependencia del presidente Kuczynski de una sentencia falsificada, dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional peruano, sobre los bonos impagos, lo cual actualmente es objeto de una investigación penal y del Congreso.

El comportamiento de Perú en general demuestra que no se encuentra listo con respecto a su capacidad de participar en el proceso de acceso a la OCDE, en particular su capacidad de promover los principios fundamentales de la OCDE.

En otro de sus considerandos, el informe señala que "pese al progreso económico de Perú, el país no satisface algunos de los requisitos clave para la membresía en la OCDE, debido a obligaciones de deuda de larga data que reiteradamente no ha abordado ni divulgado".

El informe fue elaborado por Hans J. Blommestein, quien ejerció de director de Gestión de Deuda Pública de la OCDE de 2001 a 2016 y supervisó la División de Asuntos Financieros de la organización de 1998 a 2000.

El informe se centra en la expropiación por parte del Gobierno peruano de 23 millones de acres de tierras de ciudadanos entre 1969 y 1979 y los bonos de la reforma agraria que los ciudadanos fueron obligados a aceptar, a cambio de su tierra. En muchos casos los bonos nunca se pagaron, y hasta el 20 % de los bonos circulantes han sido adquiridos por inversionistas internacionales, entre ellos aproximadamente 200 fondos de pensión de Estados Unidos.

El informe fue encargado por los Bonistas Peruanoamericanos por la Justicia (Peruvian-American Bondholders for Justice, PABJ) y la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA).